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Líderes sociales asesinados, entre la justicia y la impunidad

Aunque se logró el 24 de agosto del 2016 un acuerdo final para la terminación del conflicto armado en Colombia con el antiguo grupo guerrillero, (Farc) que más fuerza tenía en el país, lo cierto es que, en el marco de la implementación de dichos acuerdos, y en épocas donde se establecen diálogos de paz con el ELN se conocen nuevos casos de líderes sociales asesinados. Desde esta fecha, 33 mujeres lideresas han sido víctimas mortales, según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).

Según la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano (Reddhfic), si bien, la terminación del conflicto armado interno disminuyó los índices de sus formas de violencia como la tortura, el secuestro, el homicidio, entre otros, se afianzó la concentración de integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC), que ya cumplieron su condenan y reintegran a la vida criminal, así como las bandas criminales, (Bacrim) y disidencias de las Farc.

Según el informe anual de Naciones Unidas de Derechos Humanos, desde el 2016 hasta la fecha, en el marco de los acuerdos de paz entre las Farc y el Gobierno Nacional, se registraron 389 ataques a líderes sociales, dejando como saldo 59 homicidios, más de 200 amenazas y 44 ataques, entre casos como desapariciones forzadas, robo, y un caso de violencia sexual.

Pero no solo los grupos al margen de la ley se les atribuyen este tipo de actos, el Estado Colombiano también tiene responsabilidad frente al silenciamiento de estos líderes que sin miedo luchan por una sociedad más justa y equitativa. De acuerdo con Reddhifc, el Estado bajo la promesa de la finalización de la violencia con la implementación de la fuerza pública ha cometido una serie de crímenes, entre estos, los famosos falsos positivos y la violación a los derechos humanos.

“El Estado colombiano bajo los postulados de la “guerra total”, la “doctrina de la Seguridad Nacional”, el “conflicto de Baja Intensidad” y la “Política de Seguridad Democrática” ha violentado sistemáticamente derechos individuales y colectivos de ciudadanos y organizaciones en toda la geografía Colombiana, en especial, el suroccidente colombiano”: Reddhfic.

En este sentido, de acuerdo con el último informe de Indepaz sobre líderes sociales asesinados, en lo que va del 2018 han sido víctimas 29 defensores de derechos humanos.

Líder social de Buenaventura asesinado

El asesinato del líder social de Buenaventura, Temístocles Machado, quien fue miembro del Proceso de Comunidades Negras, (PCN) y pieza clave en el paro cívico en el 2016, encendió las alarmas sobre el sistemático asesinato a diferentes defensores de los derechos humanos del país en el marco de negociaciones de paz.

Temístocles Machado inició su participación por la defensa de los derechos humanos cuando hacía parte, en los años noventa, del sindicato de Acuavalle en Buenaventura. Temístocles ya se vinculaba con la lucha por el territorio en las comunas 1 y 6 del puerto, en el sector donde él había vivido y había sufrido un intento de despojo de su vivienda.

De acuerdo con Narcilo Rosero, amigo de Temístocles y compañero de lucha por la defensa de los derechos humanos y la lucha por el territorio, también integrante del Comité del Paro Cívico, cuando en 1994 se privatizó el puerto, entregándoselo a la Sociedad Portuaria Regional, vino una crisis social en Buenaventura porque su principal empleador era el Estado, seguido de la industria pesquera y el comercio, dejando más de 20 mil desempleados. A partir de este momento, Buenaventura ha estado en una crisis económica y social, ubicándose entre las regiones del país con mayores índices de pobreza, siendo el principal puerto que ingresa economía a Colombia.

Con la privatización del puerto aparecieron unos nuevos proyectos privados de carácter portuario, asimismo se empezó a afianzar la guerrilla y paramilitares generando un conjunto de muertes y desapariciones a finales de los 90s.

Narcilo recuerda que ‘Don Temis’ -como le llamaban- era escéptico con los megaproyectos “disfrazados de desarrollo que anunciaban las empresas privadas”, pues advertía que dichos proyectos siempre venían con el aval del Estado, Asimismo, que ‘Temis’ era desconfiado frente a las posturas del Gobierno, pues la falta de compromiso y de respuesta del país respecto a las acciones de los grupos al margen de la ley, también los hacía responsables de dichos actos, manifiesta Narcilo.

Cuando Temístocles se adentró en el proceso de la lucha por el territorio, hubo un punto de partida que desató la postura que de allí en adelante tomaría este líder social, no solo frente a su comunidad, también respecto a los megaproyectos. Para esto, Manuel Bedoya, integrante de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales, una de las 134 organizaciones que hacen parte del Comité Amplio del Paro Cívico, quien tuvo varios encuentros con Temístocles, explicó una de las posibles causas del asesinato del líder social.

“Él venía defendiendo desde hace años, junto con su familia, el territorio donde ellos vivían, porque en medio de dicho espacio construyeron la Carretera Alterna-Interna de Buenaventura para transportar las mercancías en los contenedores de las grandes empresas, una vía para exportar e importar la mercancía. Así se empezó a despojar a las comunidades de sus viviendas. Lo que su familia y ‘Temis’ no imaginaron, -expresa bedoya- era que la gente propietaria de esas grandes mercancías titularon ese proyecto en Bogotá, se adueñaron de ese espacio e intentaron desalojarlos.

“Así fue como Temístocles, con el ánimo de dar la pelea, construyó su propia plancha en la propiedad que le pertenecía junto con su familia hace casi 50 años e interpuso una pelea frente a este caso hace 4 años y la ganó, pero tres días después del último falló que se dio a favor de él, se conoció de su muerte, el 26 de enero”, añadió Bedoya.

Narcilo lo recuerda  muy apasionado en el asunto del territorio e intenso en las reuniones cuando se trataban estos temas: “Él siempre pedía la palabra y se extendía explicando. En esto era terco y muy llamado a que la gente conociera y aprendiera del derecho al territorio, pero nunca rayó en lo hostigante. Lo que caracterizaba a Temístocles en su rol como líder social tiene que ver con la tenacidad. Siempre contagiaba a la comunidad de sus propuestas. En los últimos meses él persistía mucho a que la administración conociera el asunto porque muchos de los funcionarios trabajaban de forma superficial el tema. Para esto, ‘Temis’ convocaba a foros y talleres”.

Temístocles, además de resistirse a la ampliación portuaria en el barrio, Isla de la Paz, y a la presión de los grupos armados por controlar este territorio, fue uno de los líderes sociales que recibió más amenazas en el Valle del Cauca, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica -Cnmh-.

““Don Temis” fue uno de los líderes que recibió más amenazas en el Valle del Cauca. Durante años promovió procesos de reclamación de tierras en las comunas 5 y 6 de Buenaventura, que han sido afectadas por los procesos de despojo o desplazamiento. Se resistió a la ampliación portuaria en el barrio Isla de la Paz y a la presión de los grupos armados por controlar este territorio”, recita comunicado del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Justicia e impunidad

El pasado viernes 2 de febrero, el ministro de Interior, Guillermo Rivera, se reunió con el Comité de Paro Cívico de Buenaventura con el propósito de garantizar protección a sus diferentes integrantes, teniendo como cúspide del problema de la inseguridad y amenazas que sufren los líderes sociales en el país, en especial, el asesinado de Temístocles el pasado 26 de enero que encendió las alarmas.

El ministro manifestó en la reunión que en las próximas semanas será expedido un decreto, a través del cual se define una política pública para la protección de este tipo de comunidades que mantienen en constante riesgo debido a su labor social.

“Tenemos un borrador de un decreto que define un mecanismo de protección colectiva, lo estamos dando a conocer a las organizaciones que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos y las organizaciones sociales, para recibir sus observaciones y muy prontamente expedirlo, ya que se convertirá en la hoja de ruta de una política pública de protección colectiva de los líderes  sociales y comunidades”, indicó el ministro de Interior.

Sin embargo, la realidad es que son varios los intereses de por medio que indican la gravedad del asunto respecto a la seguridad de estos individuos que se han encargado de interpelar por las comunidades en favor de sus derechos; respecto al Estado, las empresas privadas e internacionales y los grupos delincuenciales que se afianzan con la desaparición de las Farc.

Por su parte, el periodista al servicio de los derechos humanos y director de Hechoencali.com, Jorge Galeano señala que el proceso de investigación por parte de las autoridades para determinar que un líder social es asesinado por sus labores sociales o por cualquier otro accionar es complejo, teniendo en cuenta que hay instituciones de por medio que nos les conviene que su accionar quede descubierta.

“Hay gente que está interesada en que esas verdades no salgan a flote. El Gobierno ensucia las estadísticas de protección de los líderes sociales porque al Estado no le conviene aceptar que los derechos humanos, que deberían ser salvaguardados por ellos, están desprotegidos. Eso sería aceptar que hay una falla en la política de la defensa de los derechos humanos y esto es inadmisible en esta coyuntura de paz con las Farc e intentos con el ELN”, cierra Galeano.

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