Informe Especial

Informe Especial. Así va la sustitución de cultivos ilícitos en el Valle del Cauca 

 

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) hace parte del Punto 4, de la ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’, del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el cual es un capítulo especial de la Reforma Rural Integral (RRI), del Punto 1.

A través de este programa, el cual se  puso en marcha desde el año pasado, el  Gobierno Nacional busca que las familias cultivadoras de coca se inscriban al Pnis para que sustituyan ese cultivo de manera voluntaria y reciban a cambio un incentivo económico y acompañamiento técnico como lo señala el Acuerdo.

Los informes más recientes del Gobierno Nacional sobre el Pnis indican que 76 mil familias en 13 departamentos de Colombia ya firmaron el  acuerdo para sustituir sus cultivos de manera voluntaria, los cuales suman 50 mil hectáreas en todo el país.

Ahora bien, en el departamento del Valle del Cauca van cerca de 1.394 familias vinculadas al programa y otras 271 están en el proceso de validación para concretar su vinculación al Programa que sumaría 283 hectáreas más al proceso de sustitución del cultivo de uso ilícito.

Familias de municipios del Valle  vinculadas al PNIS

Una fuente cercana a la dirección de la Agencia para la sustitución de cultivos ilícitos de la Presidencia de la República, indicó que las familias de los municipios de Bolívar y El Dovio, ya se vincularon voluntariamente al Programa. En Bolívar se inscribieron 141 familias, de las cuales reportaron 195 hectáreas de coca, mientras que en El Dovio fueron 750 familias, registrando 700 hectáreas.

Según informes oficiales, las familias de El Dovio y Bolívar  han recibido hasta la fecha $ 4 millones cada una, es decir, 2 millones por cada dos meses según el Acuerdo de Paz, cifra que suma $ 3.564 millones entregados a estos dos municipios.

“El proceso ha sido complicado, pero se ha podido sacar adelante en estos municipios”, comentó en breve Eduardo Díaz, director nacional de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Ahora bien, 503 familias del municipio de Dagua han sido las terceras en vincularse al Pnis, reportando 349 hectáreas de coca, las cuales están en proceso de sustitución.

Otros cuatro municipios que están en proceso de validación para ser vinculados al Pnis son Tuluá, San Pedro, Restrepo y Calima Darién,  los cuales suman 271 familias con 283 hectáreas, distribuidas de la siguiente manera: Tuluá y San Pedro: 215 familias con 158 hectáreas, mientras Restrepo y Calima Darién: 56 familias con 125 hectáreas.

Las familias de Buenaventura y Florida que posee tierras de coca serán las próximas en vincularse, no obstante, aún están recibiendo socialización del Programa previo al acuerdo.

“Apenas se va a empezar hablar con la comunidad de Buenaventura y Florida, para socializar y dar a conocer el programa, proceso en que participan todas las personas que apoyan el proceso de pedagogía, entre ellos delgados del Gobierno y de las Farc, la Cocam, universidades y voluntarios de Paz”, comentó la persona cercana al proceso del Pnis.

No obstante, Alexander Gaviria,  miembro del equipo técnico de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Cocam ,en el Valle del Cauca,  expresó que de los ocho municipios en el Valle, donde se ha planteado la implementación del programa, tan sólo se ha cumplido en tres: Dagua, El Dovio y Bolívar.

“Nos preocupa mucho el atraso en la agenda de trabajo que acordamos en mayo del año pasado, puesto que se ha incumplido de manera parcial para Buenaventura, Naya y Bajo Calima”, comentó.

Además, explicó: “El gobierno manifiesta que no han habido las condiciones para hacer presencia en estas zonas, pero nosotros (Cocam) identificamos que no es tanto la seguridad para los funcionarios, sino que realmente una intervención del Estado en esta zona quedaría inconclusa por los problemas de movilidad como ocurre en la región del Naya, donde el acceso al territorio se da tan solo a pie, en mula o vía aérea”.

Beneficios y problemas del Pnis en el Valle

Una de las problemáticas más sonadas a nivel regional ha sido la prolongación de las comunidades cultivadoras de coca, del municipio de Jamundí, en concretar un acuerdo voluntario con el Gobierno Nacional para sustituir sus cultivos de manera voluntaria.

Ante las divagaciones de dichas comunidades de Jamundí, el Ejército Nacional ha amenazado con intervenir la zona alta de Jamundí para erradicar de manera forzada los cultivos de coca, si las comunidades no llegan a un acuerdo con el Gobierno Nacional.

Sin embargo, Dilian Francica Toro, Gobernadora del Valle,  comentó, a través de un comunicado el pasado 18 de enero, que la negociación con la comunidad de Jamundí aún estaba abierta.

“Lo que estamos haciendo en este momento es que las comunidades están solicitando sustitución de cultivos, ya se había venido haciendo un proceso, pero hablé con el Director Nacional de Sustitución y se van a volver a sentar con las comunidades, porque lo óptimo sería que se pudieran sustituir cultivos, se le pudiera dar oportunidad a los campesinos, a las personas, para sembrar otro tipo de productos, y así puedan mantener su sustento y poder nosotros tener más tranquilidad en la zona alta de Jamundí”, explicó la Gobernadora.

Sin embargo, el 28 de enero la firma entre las partes nuevamente no se logró concretar.

Ante dicha ocurrencia el coronel, Pablo José Blanco, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, manifestó a El País, el pasado 28 de enero que: “Vamos a quitarle todo ese espacio que tiene el narcotráfico, vamos a llegar hasta los sitios donde están los cultivos, donde están los laboratorios para el procesamiento de la pasta de base de coca y para el clorhidrato de cocaína”.

Pronunciamiento que acompañó Eduardo Díaz, Director de la Agencia para la sustitución de cultivos ilícitos de la Presidencia de la República, quien expresó: “A pesar de que realizamos tres jornadas de reuniones, en Jamundí infortunadamente recibimos la respuesta de que no había interés. En consecuencia frente a ese hecho, la posibilidad de una sustitución está cerrada”.

No obstante, Alexander Gaviria de la Cocam señaló que la voluntad de las familias cultivadoras de coca de Jamundí de sustituir sus cultivos aún está, pero el asunto de seguridad  les impide concretar la firma del Pnis.

“Las familias de los tres corregimientos donde se ha llevado la socialización del programa, La Liveria, Villa Colombia y San Antonio, han expresado voluntad de sustituir el cultivo. Sin embargo, en el mes de octubre donde se celebraría la firma apareció un grupo armado denominado EPL, impidiendo que el  Gobierno le quede complicado acceder a la zona.

Aunque a la fecha el Ejército Nacional no ha iniciado el proceso de erradicación forzada en este territorio, si ha debido responder a enfrentamientos entre los grupos armados que allí se encuentran.

Familias retrasan procesos por falsedad de documentos

 Delegados del gobierno para asuntos del Pnis han expresado preocupación por el interés de algunas familias en conseguir beneficios del programa, sin tener ninguna relación con los cultivos de coca, ni tampoco con los territorios a los que dicen pertenecer.

La fuente cercana al Pnis señaló: “Dentro del proceso de validación de familias se evidencia quiénes han dicho la verdad o no para vincularlas al Programa, pero al parecer llegan personas que nada tienen que ver y aun así, se inscriben haciendo uso inadecuado de los documentos e información que suministran”.

Sin embargo, Gaviria comentó que no se ha seguido la ruta de implementación que se acordó en el mes de mayo a través del Consejo Permanente de Dirección, en que participan delegados del gobierno, las Farc y siete organizaciones sociales, para fijar los pasos de la implementación del Pnis.

“Este tipo de fallas dejan al descubierto que al no desarrollar el programa acorde a lo que establece la ruta, generan falsas expectativas para algunas personas y dificultades para quienes tienen cultivos, porque lo establecido en la ruta de implementación es que la formulación de los proyectos productivos debe de ir de la mano del desembolso de los primeros recursos y el levantamiento de los cultivos de coca”, explicó.

Aunque no hay una cifra precisa de cuántas familias han sido desvinculadas del Pnis por falsedad de documento, se cree que es significativa, pues se estima que más de cien personas han incurrido en falsedad de documentos en el Valle del Cauca.

“Esa gente le quitan la posibilidad a los que realmente tienen la necesidad de vincularse al programa, sólo por quedarse con los 2 millones de pesos que brinda el Gobierno. Además, hacen que los procesos de todo el mundo se retrasen”, expresó la fuerte cercana al Pnis.

Por su parte, John Freddy Gil, cultivador de coca y delegado político de la Cocam, expresó que este tipo de situaciones se presentan por la falta de organización del Gobierno.

“El gobierno se ha saltado los pasos firmados en el acuerdo de implementación del Pnis, ya que en primera instancia se debe socializar el programa a las comunidades y explicarles los pasos a seguir para la sustitución de sus cultivos. Sin embargo, el gobierno se ha saltado todos los protocolos, ya que está llegando a territorios a erradicar forzadamente, argumentando que no hacen parte del acuerdo porque no tienes acuerdos colectivos firmados, cuando ni siquiera se ha llegado a socializar el programa del Pnis”, comentó.

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