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“Hacemos parte de la economía del país”: Informales

Con motivo de las fiestas navideñas, la policía de Cali en conjunto con Migración Colombia, ha establecido un marco de seguridad en el centro de la ciudad para evitar el desorden, la basura y la inseguridad con los vendedores ambulantes del sector, por tal, el Sindicato de Trabajadores Informales y Estacionarios, Sintraviacali, responde cuáles son los derechos y compromisos que tienen ellos frente a la ciudadanía y el espacio público.

Realidad 360 conversó con Jimmy Núnez, presidente de Sintraviacali y subgerente de la Cooperativa Cooveincol donde hay afiliadas 17 organizaciones que pertenecen al sector informal, para este caso, los vendedores ambulantes, sobre los mayores problemas que se presentan alrededor de los trabajadores informales y cuál es la norma que los cobija para garantizar su protección dentro de lo laboral.

R360: ¿Cómo trabaja la Cooperativa Cooveincol por los trabajadores informales de Cali?

J.N: Somos 17 organizaciones alrededor de esta Cooperativa que nació en 2007 con el propósito de mejora r la calidad de vida de los vendedores informales y estacionarios de Cali. Actualmente hay alrededor de 3.500 vendedores con permiso de venta en el espacio público en la ciudad, comprendidos entre vendedores de flores, de frutas, de mercancías varias, de calzado, de ropa, de revistas, chicles, cigarrillos y los famosos kioscos que hay en toda la ciudad, como de Coca Cola, Postobón y cerveza póker.

R360: ¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrentan los trabajadores informales?

J. N: Hoy por hoy, el tema del sector informal se ha vuelto un problema social de Estado. Si bien somos un “problema” para la sociedad por la ocupación del espacio público, también somos una solución para el empleo de nuestro país porque el 68% de la clase trabajadora en Colombia son informales, entonces es como colchón de alivio para la economía. Aunque trabajar en el espacio público incurre en ocasiones en situaciones indignas, es la única solución para que el trabajador pueda llevar el sustento a su casa.

A raíz de esta situación la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias que hacen alusión a la problemática social de los empleados informales en el espacio público, porque no solo somos vendedores ambulantes sino que a eso se le suma otra cantidad de trabajadores de lo informal como los mecánicos, taxistas u otros conductores. Hasta la fecha, hay más 30 mil personas trabajando en el espacio público de la ciudad de Cali. Estas son personas que no han podido conseguir empleo por razones como la falta de experiencia, el estudio o la edad, todo esto influye.

R360: ¿Cómo es la situación con los trabajadores que vienen de otros países?

J.N: La gente que llega de otros países, exclusivamente de Perú, Ecuador y ahora mucho de Venezuela, son alrededor de 300 personas y esto viene generado ocupación y violencia porque a muchos caleños y a otros vendedores les molesta la ocupación en trabajos ambulantes de los extranjeros. Por tal, las organizaciones sindicales le decíamos al alcalde, Maurice Armitage, que se debía constituir una política pública, para tener una salida, para buscar recursos, para organizar a los vendedores, mejorar su calidad de vida y lógicamente para recuperar el espacio público y reorganizarlo.

R360: ¿Cómo se empiezan a organizar los trabajadores informarles para llamar la atención de la administración municipal con el ánimo de garantizar una estabilidad laboral?

J.N: Emprendimos una campaña en el año 2007 con la idea de que el Estado, el departamento del Valle o la administración municipal de Cali, nos dieran identidad, es decir, que nos reconocieran como parte de la economía. Entonces la Cooperativa arrancó el proyecto Plan Maestro que contribuye a la organización del espacio público y mejoramiento de la calidad de vida de los vendedores. Le pedimos al alcalde Armitage que trabajáramos por una política pública para conseguir recursos económicos del sector privado y público y llevar a cabo acciones respecto a las ventas ambulantes. Es así que el subsecretario de Gobierno, el señor Samil Jalil Paz quien fue pieza fundamental en este proyecto, logró llevar esa política pública al Concejo y fue aprobada hace un mes.

R360: ¿De qué trata esta política pública?

J.N: Con el Acuerdo 040del 2017 para la organización del espacio público y mejoramiento de calidad de vida de los vendedores, está prohibido desalojar a los vendedores del centro. Para su cumplimiento y eficacia se debe dar su implementación, la caracterización y finalmente la organización. En la caracterización se hace un paneo de fotografías, videos y fotos para detectar dónde están ubicados los vendedores informales, de aquí se identifican a los vendedores, porque para organizar tanto al espacio público como al vendedor, hay que saber qué persona es la que ocupa cierto lugar. Además, hay empresas privadas y organizaciones gubernamentales que van a invertir en este proyecto, y para ello se debe identificar a cada vendedor.

R360: ¿Cómo ayuda esa política pública a los vendedores informales?

J.N: Por ejemplo, una vez identificados los vendedores, se detecta que hay madres de familia o cabezas de hogar y se planea cómo intervenir en ellas. Con esta política se busca no solo darles acceso al trabajo y preservar sus derechos, sino mejorarles las condiciones de vida y laborales. Para esto también hay varios programas, como de capacitación, de equipamientos de módulos, y dentro del proyecto se está pensando en hacer dos centros comerciales a mediano y largo plazo, para que garantizar estabilidad a los trabajadores.

Asimismo, se busca que los vendedores aprendan a ocupar exactamente el espacio que les ha sido asignado con un permiso. Así como se crean propuestas para mejorar la calidad de vida del vendedor, estos también deben acogerse a las normas para regular los espacios públicos y no ocupen los espacios peatonales y vehiculares. Así, en conjunto con la policía, con la personería, la Secretaría y Subsecretaría de Gobierno y el Sindicato de Vendedores, vamos a salir a diferentes partes del centro a organizar los vendedores que ya hay y a comprometerlos para utilizar las medidas establecidas para sus ventas, que son entre 1 metro con 20 centímetro hasta 2 metros, dependiendo del tipo de venta.

R360: ¿Esta política o nueva medida, aplica también para los extranjeros que llegan a la ciudad a trabajar en ventas ambulantes, por ejemplo?

J.N: Los que tengan el permiso sí, pero no se va a cobijar a otros vendedores que lleguen, bien sea extranjeros o de la ciudad, porque la idea es generar ajustar los espacios para ventas informales, por eso se trata de ubicar a los que ya están, y trabajar de la mano con ellos para preservar sus puestos de trabajo. Además, vamos a desocupar los semáforos, entonces el vendedor se reubica, y una vez allí establecido, se tiene que comprometer a proteger su espacio y dar aviso si se presenta algún nuevo vendedor.

R360: ¿Tienen algunas medidas para la temporada de diciembre?

J.N: El compromiso es que los vendedores deben mantener su espacio de trabajo aseado, teniendo en cuenta que laboran en un sitio público. Hay un programa de reciclaje que tiene la Cooperativa y que se enseña a los vendedores, además, esto va a estar regulado por las autoridades locales. Para diciembre no solo se va a reforzar el programa de reciclaje, también el tema de seguridad ciudadana. Para esto la alcaldía ha dispuesto unos gestores de paz que ayudan a la capacitación y regulación de estos dos puntos, porque con la temporada de diciembre las ventas aumentan y la concurrencia de las personas es alta, especialmente en la zona del centro, y se altera el desorden, no solo por cuestiones de basura, también por los altos índices de inseguridad que se presenta en estas fiestas.

R360: ¿Cuál es la respuesta de los vendedores informales del centro, frente a los operativos y controles de seguridad que adelanta la policía para estas fiestas navideñas?

J.N: Las autoridades locales para estas fiestas están programando unos operativos en conjunto con Migración Colombia por la cuestión de los extranjeros. También para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y lo que nosotros como sindicato buscamos es cooperar con las autoridades, porque ya los vendedores cuentan con un permiso, y quienes lo tengan solo lo presentan, por tanto se espera que no se vaya a presentar ningún inconveniente con las autoridades. Con la política pública no se va a atropellar a nadie, al vendedor no se le puede recoger y desalojar de su puesto de trabajo sea cual sea el motivo, porque con esto se está afectando la calidad de vida del vendedor y está frustrando sus posibilidades de progresar.

(Noticia publicada el 3 de noviembre del 2017)

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