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Opinión

COLUMNA DE OPINION Acoso sexual y laboral: La condena eterna de la mujer en el deporte 

Por Johana Isabel Esquivel Jácome

En Colombia, el acoso sexual hacia mujeres en su sitio trabajo, es un tema que se sigue normalizando. Aspectos como: tocar su cintura en cada oportunidad, un beso cerca de la boca, palabras vulgares, invitaciones constantes fuera del trabajo, hacen parte de características de aquellos hombres cobardes que creen poder subyugar a las mujeres porque les han concedido un poder o estatus, como es el caso del bochornoso y vergonzoso acoso generado por Didier Luna, técnico de Selección Colombia femenino Sub-17, a la ex fisioterapeuta voluntaria Carolina Rozo y que deja visible, la fuerza de un discurso autoritario, soez, amenazante y tremendamente sicológico, que hizo en un principio que Rozo, normalizara dicha situación.

Según cifras de la Fiscalía, cada 75 minutos se presenta una denuncia por este tipo de delito, lo cual nos manifiesta que la justicia en Colombia, se pasa por la galleta, leyes como la 1257 de 2008, donde esta: tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia,

tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.

“Esta es la mujer que quiero para mí, ten cuidado que te voy a robar un beso” o “No te compliques tanto, yo te puedo llevar a grandes cosas en el fútbol” y “asuma las consecuencias”, fueron palabras textuales que llevaron a Carolina Rozo, a romper el miedo y denunciar por escrito ante medios de comunicación como El Espectador,

Realidad360 y ante entidades como la Fiscalía, que a paso lento y con suerte, le dará respuesta en menos de una década. Denunciar en este país temas tan delicados como lo es el acoso sexual en el deporte femenino, termina acabando con la carrera de cualquier mujer capaz y profesional, como si no fuese más importante hacerle seguimiento y ponerle mano dura a una problemática del sistema patriarcal que ha dominado por siglos el deporte, sino buscar el camino fácil: vetar a las mujeres del medio futbolístico y lo más bajo, buscar acabar con el equipo de mayores dizque para “pasar página”, como si eso fuera un milimétrico error dentro de la agenda incumplida de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol.

Para completar, el tema ahonda en aspectos cómo: no tener un contrato laboral, sino ser simplemente voluntario para ganar experiencia y nombre, portar uniformes y demás prendas institucionales usadas y prestadas, no tener un manual y debido proceso en las contrataciones de las jugadoras, la carencia de derechos y deberes por escrito, las escasas o nulas garantías que tienen las mujeres en el equipo, además del poco apoyo económico.

Todo esto simplemente las pone en un estado de vulnerabilidad ante el poder y el manejo vergonzoso de unos llamados “profesionales del fútbol”. Sinceramente, pasaron años de abuso del poder sobre el fútbol femenino, para que apenas el gobierno se sentara a crear un acuerdo con las entidades encargadas para “rechazar la violencia hacia la mujer”, como si hubiesen pasado en alto todas las denuncias en el despacho de la Fiscalía, poniendo en peligro la integridad y la vida de las deportistas y mujeres en Colombia. Si no han cumplido con la Ley 1257 de 2008, mucho menos, creo yo, que con un acuerdo firmado también por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurúm y la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez solucionen de lleno la situación, pero tampoco niego que al menos pone en desarrollo una iniciativa de ‘apoyo´ hacia las futbolistas.

Aunque ahora se esté buscando salida al embarazoso momento por el que pasa la Federación Colombiana de Fútbol, los acuerdos y leyes no pueden quedarse en el papel, debe vigilarse el proceso de aplicación y proceder con las sanciones necesarias para quienes incurran en este delito, tener personal capacitado para atender con prioridad estas denuncias y dejar de normalizar el acto de una supuesta “conquista” hacia el otro, que ni nos pertenece, ni podemos obligar y mucho menos, pretender pasar por encima de la dignidad del otro, sea: mujer, hombre, niño, niña, anciano o anciana. Habrá que esperar quien sabe cuántas denuncias y muertes en números, nos presente Medicina Legal, para apretar a la justicia colombiana en sus procesos tardíos y poco efectivos.

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