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Opinión

CASTILLO DE NAIPES

Que la corrupción en Colombia, pública y privada, sea de enorme proporciones y al parecer, incontrastable, es una constatación que debería de avergonzar a la sociedad entera y en particular a las familias y líderes que hacen parte de lo que se conoce como el Establecimiento. Pero no hay tal. Por el contrario, los actos de corrupción en este país se atacan en público, pero se defienden a dentelladas en lo privado, porque aquella constituye una práctica arraigada, naturalizada y casi que reclamada por agentes de poder político, acostumbrados a actuar de esa manera.

Es común ver y oír a presidentes, ministros y a líderes políticos y candidatos a cargos de elección popular, enarbolar las banderas de una presunta lucha contra la corrupción. Y lo hacen y lo seguirán haciendo, cada uno, con grados de convencimiento y de compromiso, pero el resultado siempre es y será el mismo: no se puede enfrentar a un “enemigo” o a un “problema” cuando estos realmente no se conciben como tales. Me explico: nadie duda de que hay actos de corrupción en los ámbitos de lo público y lo privado en Colombia, pero ello no  paraliza a la sociedad o es un obstáculo para el funcionamiento de las relaciones Estado- Sociedad- Mercado. No. Por el contrario, la corrupción alimenta esas relaciones, las hace posible e incluso, las dinamiza.

Ahora bien, que aparezcan ciertos agentes de poder o líderes carismáticos que creen poder luchar contra la corrupción, hace parte de la inercia misma de la corrupción, pensada y asumida aquí como un factor clave y estructural de la vida social, económica y política del país. Es decir, no es en sí misma una afrenta, un problema. No, por el contrario, constituye para muchos una oportunidad no solo de negocios, sino que esta misma es un instrumento eficaz para transar todo tipo de decisiones y fortalecer relaciones. Y esto es así, cuando existe una empobrecida idea de lo que es la institucionalidad.

Lo que sucede, entonces, es que quienes por alguna razón, real o ficticia, deciden enfrentar a las redes y  centros nucleares de la corrupción, al hacerlo, entran en todo tipo de vacilaciones, titubeos, fluctuaciones y caen en complejos y paralizantes estados de hesitación  al reconocer en los orígenes de ese “problema”, las conexiones estructurales, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político, que soportan y han permitido extender la corrupción a todos los niveles y sectores societales.

De esta manera, aparecen los lazos familiares, los linajes, los compromisos previos, las oportunidades y las sempiternas justificaciones que cada uno tiene y que suelen exponer al momento de participar del juego de los corruptos: “me vi obligado”, “yo cumplo con mi trabajo”; y “lo hice a petición del Presidente, Gerente, Director, Rector”, entre muchas otras e infinitas expresiones que permiten la naturalización de la corrupción.

Así entonces, los estados de hesitación, que se extienden a todos los miembros de la sociedad, se explican por varias circunstancias: de un lado, la sociedad colombiana, incluyendo a sus líderes, deviene en una profunda confusión moral porque históricamente sus ciudadanos no han podido aprender a  reconocer los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal, entre lo que es legítimo y aquello que no lo es. De otro lado, el sistema capitalista genera un tipo de ethos que nos hace proclives a obtener ventajas, a buscar caminos paralelos, o a encontrarle el quiebre a la norma, para alcanzar nuestros propósitos individuales, casi siempre en contravía de los que un colectivo se pudo haber trazado.

Y peor resulta el panorama, cuando se tiene un débil aparato productivo, un sistema hiperpresidencialista desde el que se aúpa el clientelismo y por esa vía, se entroniza el afán por “salir adelante” que la publicidad y todo tipo de dispositivos ideológicos, conectados naturalmente con el sistema económico, nos dictan como único norte posible de vida. El Todo Vale es el principio que guía a ese ethos que el sistema capitalista genera en cada uno de nosotros.

Se suma a esas circunstancias paralizantes de los estados de hesitación colectiva, el hecho de que hay casos de corrupción que al estar conectados con el poder económico y político, la condena social se relativiza por cuanto las conexiones establecidas entre agentes de poder, que a manera de cordón umbilical en la relación Madre-Feto, son las que permiten que el Establecimiento se mantenga en pie. Ejemplo de lo anterior es el caso de corrupción, que a manera de silencio cómplice, hoy tiene en la picota pública (mediáticamente pasajera) al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN).

A pesar de la indignación que en sectores politizados y mediatizados generó el contenido de las grabaciones de audio que divulgó el noticiero de televisión, Noticias Uno y que comprometen el criterio jurídico y la ética de NHMN, sus dudosas y quizás dolosas  actuaciones como abogado no son suficientes argumentos para que exigir su retiro del cargo de Fiscal General. Esto es así, porque al caerse el Fiscal, parte del Establecimiento colapsaría. Por cuenta de la corrupción en Colombia, en estos momentos el Régimen de poder es como un castillo de naipes en el que al menor movimiento (retiro del Fiscal, por ejemplo)  de inmediato se derrumbaría, abriendo la posibilidad de un cambio profundo en las correlaciones de fuerza que juegan al interior del actual Régimen de poder. Y este escenario no lo contemplan los líderes del Establecimiento y harán todo lo que esté a su alcance para evitar la erosión de sus cimientos morales, así devengan totalmente amorales.

Al caer el Fiscal, y de ser procesado penalmente (en un escenario improbable), arrastraría en su inevitable caída libre, no solo el poderoso banquero, Luis Carlos Sarmiento Angulo y su círculo más cercano,  los expresidentes Uribe y Santos, sino el propio Presidente Duque, quien reconoció haber acompañado a Zuluaga al Brasil, en el contexto de las prácticas corporativas de Odebrecht de financiar campañas políticas en varios países de América Latina, incluyendo a Colombia; se sumaría en el lejano desplome de una parte del Establecimiento, el ex candidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, al igual que periodistas incorporados y empresarios de distinto nivel.

oPor todo lo anterior, la lucha contra la corrupción nació muerta en Colombia por cuanto ella misma no solo está naturalizada, sino que la sostiene el ethos mafioso con el que actúan las élites de poder, el mismo que amplios sectores societales siguen y se apropian por cuando el norte de cada de sus ciudadanos es hacerse rico a costa de lo que sea. Y en mayor medida, cuando hay que “asegurarles el futuro a mis hijos”. Así entonces, hay que dudar de aquellos que agitan la bandera anti corrupción, especialmente cuando han vivido del Establecimiento y tienen conexiones con sus líderes más “prestantes”.

 

 

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