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Nación

Corte Constitucional conserva la idea de cobrar por la libreta militar

Sigue en vigencia la Ley 1184 del 2008 que regula el monto estipulado para el cobro del valor de la libreta militar

La Sala Plena de la Corte Constitucional conserva la idea de mantener la Ley 1184 del 2008, que regula la cuota de compensación con la que se calcula el valor de la libreta militar en todo el territorio nacional.

El Alto Tribunal determinó este miércoles con una votación de 5-4 que la fórmula que determina cuánto se debe pagar por la libreta no afecta los derechos de los ciudadanos.

La medida había sido demandada por el ciudadano Carlos Felipe Rojas, quien argumentó que el costo expedido en la norma  era muy alto por lo que consideraba que vulnera el derecho al mínimo vital.

El demandante había argumentado que en muchos casos el valor de la cuota equivaldría a cerca de la totalidad del ingreso familiar mensual. Situación que se vuelve particularmente inequitativa para aquellas familias de menores ingresos.

Eric Castillo, ciudadano caleño, aseveró que es un desconcierto saber que todavía se esté cobrando por la libreta militar.

“El país está atravesando por un proceso de paz en el que se ha fijado este tipo de temáticas y, en ese sentido, debería optarse por quitar este tipo de normas que afectan el bolsillo de varios jóvenes en Colombia”, puntualizó Castillo.

Por el contratrio, Liner Bravo, ciudadano caleño, destacó que el cobro de la libreta militar resulta útil para solventar ciertas necesidades que tiene el Estado colombiano; sin embargo, hace hincapié en que los valores no deben ser elevados para que sea asequible a toda la población.

¿Cómo opera la fórmula para estipular el cobro de la libreta militar?

En la actualidad, el precio del cobro de la libreta militar se calcula sumando el 60 % de los ingresos mensuales, más el 1 % del patrimonio. A esto se agrega el 15 % de un salario mínimo.

Es decir, si una familia gana cerca de $1 millón 300.000, y su propiedad tiene un valor aproximado de $70 millones, tendría que pagar cerca de $1 millón por ese documento.

Cabe recordar que, la Corte Constitucional había emitido un fallo en el 2015 en el que estipulaba que cuando se trata de una persona que no ingrese a filas, que sea calificado y dependa de sí mismo y no de su familia, el pago se debe calcular de acuerdo a lo que él gana.

Esta decisión se tomó con los conjueces Jorge Gabino Pinzón Sánchez y Edgardo Villamil Portilla.

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