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Nación

Conozca las exigencias del movimiento social al Gobierno Nacional

Descontrol en la minería, poca inversión en proyectos sociales, incumplimiento en el Plan Nacional de Desarrollo y aranceles por el TLC son detonantes para que los campesinos se vuelquen a las vías a protestar contra las políticas nacionales.  

El movimiento social Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular convocó este lunes 30 de mayo a un paro agrario nacional, bajo el nombre de ‘Por un buen vivir, una reforma agraria estructural y una ciudad digna’, para exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados entre 2013 y 2014 en las mesas de negociación que se gestaron en ese entonces y las reuniones del año 2015 con la Minga Indígena.

Luis Fernando Arias, vocero nacional de la Cumbre Agraria, le afirmó al portal Publimetro de Medellín: ¨Esperamos que el Gobierno Nacional se siente a dialogar, pero en esta oportunidad en las carreteras de Colombia con la gente. No vamos a ir a los ministerios y hasta que no tengamos avances en cuanto al cumplimiento de los acuerdos seguiremos en las carreteras del país¨.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró ante los medios de comunicación: “Se ha trabajado un promedio de 1.100 horas, manteniendo un diálogo permanente, que ha derivado en importantes resultados políticos y fiscales”.

Conozca los puntos que se han venido trabajando en la mesa de concertación entre el Gobierno Nacional y el movimiento social Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular por los que se reclama cumplimiento:

1. Luego de la expedición del decreto 870 del 8 de mayo de 2014 por el que se crea la Mesa Única de Participación y Concertación, que sería el espacio en donde dialogarían el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria Étnica y Popular sobre los 8 puntos del pliego de exigencias, en el que hasta el día de hoy no se han tocado las diferentes temáticas: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2. Economía propia contra el modelo del despojo; 3. minería, energía y ruralidad; 4. cultivos de coca, marihuana y amapola; 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6. Derechos sociales; 7. Relación campo – ciudad; 8. Paz, justicia social y solución política.

2. En ese mismo escenario se generaron 5 mesas de trabajo conformada por delegados del Estado colombiano y delegados de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Dichos espacios tendrían como objetivo dialogar sobre el papel de Incode y la restitución de tierras a campesinos, que en la actualidad no solo no se ha avanzado en esta discusión sino que generó la Ley Zidres que según el vocero Robert Daza “despoja de tierras a los campesinos y campesinas para otorgárselas a los grandes empresarios y multinacionales”, esta ley ha sido duramente criticada por senadores como Jorge Robledo y hoy en día afronta una demanda radicada por el senador Alberto Castilla y respaldada por la Cumbre Agraría Étnica y

3. Otra de las mesas que se creó debatiría el tema de garantías y derechos humanos, al igual que los juzgamientos a miembros del movimiento social. No obstante, las respuestas por parte del Estado han sido nulas y por el contrario aprueba leyes como la de Seguridad Ciudadana que crea sanciones más fuertes y criminaliza la protesta social. De otro lado, también propone reformas al Código de Policía, que de ser aprobado, daría más libertades a esta Fuerza Pública sin un debido control.

4. Durante los paros del año 2013 y 2014 se acordó con el Gobierno Nacional generar otra mesa de interlocución que trataría el tema del agro y que escucharía las propuestas de los voceros de la Cumbre Agría, Étnica y Popular frente al tema de tierras. De acuerdo con los voceros ninguna de las propuesta ha sido escuchada ni contemplada por parte del gobierno, por ende expresan que se oponen al Plan Nacional de Desarrollo que según ellos pone en venta los recursos estratégicos de la Nación, da cabida a la privatización de derechos fundamentales como la salud y la educación y privilegia a través de los Tratados de Libre Comercio y otros mecanismos a las multinacionales y empresarios.

5. De igual forma, se habría acordado una participación más directa de las comunidades sobre los planes de desarrollo locales o las decisiones sobre su territorio como los títulos mineros; sin embargo, las desviación de ríos o la explotación minera en diferentes regiones del país, sin la aprobación o consulta previa a las comunidades, ratifica, de acuerdo con el vocero Daza, no solo el incumplimiento por parte del gobierno sino la falta de voluntad del mismo.

6. Frente al acuerdo de generar un financiamiento de proyectos productivos por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las diferentes vocerías han señalado que no existe voluntad por parte del gobierno, ya que se han venido dilatando todas las reuniones y no se ha entregado ninguna respuesta formal por parte del mismo. Estos hechos generan que se haya postergado por más de un año el acuerdo de Apoyo a la Economía Propia, evitando que se pueda cultivar tan siquiera una hectárea de alimentos y que genera, por otro lado, que se amplíen los cultivos ilícitos; a lo que el gobierno ha respondido con políticas de erradicación forzada y militarización de algunos territorios.

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